Con el respaldo de los alcaldes metropolitanos, y con el voto a favor de 38 diputados, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que deseche la solicitud de amparo contra el impuesto a casinos, que pondría en riesgo los recursos del Fondo de Seguridad para los Municipios.

En rueda de prensa, efectuada en el Congreso del Estado, el líder de los diputados locales del PRI, aseguró que el impuesto es proporcional y equitativo, y por ende el Casino está obligado a pagarlo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Hacienda es Constitucional, y cumple con lo ordenado en el artículo 31 de la Carta Magna Federal. 

“De manera urgente exhortamos a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que no conceda el amparo promovido por tres casas de apuestas y que tome en cuenta que, de concederlo, pondría en grave riesgo la seguridad de nuestro Estado, por el severo golpe que recibiría el Fondo de Seguridad para los Municipios”, expresó el Coordinador del GLPRI. 

“Es de conocimiento público que varias empresas de casinos promovieron un amparo para no pagar el impuesto establecido en la Ley de Hacienda del Estado, que se denomina Impuesto a las erogaciones de juegos con apuestas, con el argumento de ser una facultad exclusiva de la federación, pero nosotros consideramos que es totalmente legal”, explicó.

Cienfuegos estuvo acompañado de los Alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza; Guadalupe, Cristina Díaz; Apodaca, César Garza; Santiago, Javier Caballero; así como la Secretaria del Ayuntamiento de Juárez, María de la Luz Campos Alemán; además de los integrantes del Grupo Legislativo del PRI. 

“El tema de seguridad nos debe unir, aquí no caben tintes partidistas, debemos estar unidos, sociedad, gobierno, partidos políticos para que Nuevo León viva seguro”, afirmó Cienfuegos. 

El líder de la bancada tricolor y los ediles alertaron que, de concederse el amparo, los municipios dejarían de recibir recursos que han permitido implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica por el orden de, aproximadamente, 900 millones de pesos anuales, lo que afectaría considerablemente en la adquisición de equipo y reclutamiento de personal en las Secretarias de Seguridad Pública Municipales. 

“Esta LXXV Legislatura a través de la figura legal aportará elementos jurídicos al máximo órgano judicial de la federación que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta analice todos los contextos bajo los cuales el Poder Legislativo tuvo a bien aprobar las reformas legislativas”, manifestó el representante del GLPRI. 

“Los elementos de prueba son: los expedientes legislativos que dieron origen a las reformas, los cuales contienen las iniciativas, las discusiones y los decretos que resultaron, de los cuales se podrá advertir la constitucionalidad de dichas normas y la fundamentación y motivación de las reformas”, agregó durante la rueda de prensa. 

Cienfuegos precisó que la Ley de Hacienda es la norma que establece el pago del impuesto y la Ley de Coordinación Hacendaria, ordena, en su artículo 31 Bis que la recaudación de dicha contribución se distribuirá en un 35% al Fondo de Seguridad para Municipios, el cual es utilizado para la capacitación, equipamiento, prevención del delito, inversión y cualquier otro tipo de gasto en seguridad.

El amparo fue promovido por las firmas Players Palace SA de CV; Entretenimiento Mapuche SA de CV y Apuestas Internacionales SA de CV.