El pasado 20 de marzo, una juez ordenó la liberación de Víctor Eduardo Martínez Valdez, acusado de participar en el robo violento de 350 mil pesos a una casa de cambio en la colonia Rincón del Contry.

Las razones: el agente investigador del Ministerio Público había presentado, como prueba, una conversación de vecinos de WhatsApp en donde lo señalan a él como cómplice. 

La juez determinó que su detención fue ilegal y que las evidencias eran insuficientes.

El 11 de agosto de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había aclarado en jurisprudencia, cómo la "mensajería sincrónica" puede ser utilizada como prueba judicial.

La tesis se llama "Prueba electrónica o digital en el proceso penal" y se basa en el artículo 16 de la Constitución que dicta: "Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas".

Sin embargo, en casos necesarios, existen dos métodos legales para el uso de la información de cualquier chat.

Así lo explicó el abogado Juan José Aguilar Garnica. "Lo que necesita hacer el investigador (Ministerio Público) es pedirle al órgano jurisdiccional (juez) que emita una orden para que se pueda obtener la información del WhatsApp de ese aparato.

"Si se hace así tiene que existir una cadena de custodia hasta llegar a su desahogo y acreditación en el proceso. Si no se hace de esa manera va a ser inconstitucional, violentando la ley", dijo.

De no existir una orden, la conversación podría ser válida si alguno de los participantes la comparte de forma voluntaria.

"En forma voluntaria por aquellos que hayan intervenido en esa comunicación por alguna de las partes. Pero va a ir esto sujeto a que se le dé una custodia a esa probanza", indicó.

Esta "cadena de custodia" citada en la tesis es explicada por Aguilar como la conservación de la evidencia, estableciendo el mecanismo como fue obtenida y su resguardo apropiado por las autoridades.

Información: ABC MTY

Fotografía: Redes