El envío de elementos de la Gendarmería a la frontera sur revela las "contradicciones" de México en su política migratoria, afirma Rodrigo Salazar, investigador y académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México.
Por un lado, dice, está el mensaje a la nación del presidente Enrique Peña Nieto, en el que expresa su compromiso de "salvaguardar la dignidad de los mexicanos" frente a la decisión de Estados Unidos de desplegar la Guardia Nacional en la frontera.
Pero por otra parte está el trato de México a los inmigrantes centroamericanos en tránsito, que tienen como destino principal Estados Unidos, dice. "Con ellos el gobierno tiene una obligación: ofrecerles un trato digno y respetuoso de sus derechos como lo exige de Estados Unidos".
El pasado martes la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Chiapas anunciaron un acuerdo para desplegar a elementos de la Gendarmería en sus 664 kilómetros de frontera con Guatemala, con el propósito de reforzar la seguridad en aquella entidad.
"Fue un torpe anuncio", dice Salazar, que llega apenas 10 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó a México el avance de la caravana de migrantes que cada año, desde 2003, atraviesa el país para exigir respeto a sus derechos humanos y un trato digno.
Trump afirmó que las autoridades mexicanas no hacían lo suficiente para detener la migración ilegal y posteriormente anunció el despliegue de su Guardia Nacional para reforzar su frontera con México.
Pero desde que Trump asumió la presidencia de su país, en enero de 2017, el gobierno mexicano ha deportado a sus países de origen a 116,440 extranjeros.
Esto equivale a un promedio mensual de 10,000 migrantes que entran al país sin papeles, de acuerdo con cifras disponibles en la página oficial de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Entre enero y febrero de este año, los dos últimos meses registrados, el Instituto Nacional de Migración (INM) "devolvió" a sus países de origen a 20,923 personas, la mayoría centroamericanos (alrededor del 90%).
Salazar reconoce que México enfrenta la compleja circunstancia de ser un país "puente", con un tránsito muy intenso y retos de seguridad para el propio país. Se refiere al tráfico ilegal de todo tipo: drogas, personas, mercancías, armas.
"Tenemos entonces la percepción de que México le hace el trabajo a la Border Patrol, pero también es verdad que el país enfrenta problemas de seguridad nacional importantes debido a su condición única de país puente". El problema, dice, es que las autoridades no resuelven bien esta circunstancia.
Salazar incluso no descarta que esta decisión viniera de tiempo atrás y que las autoridades mexicanas fallaran en el momento del anuncio.
"Seguramente también tuvo que ver con un tema de seguridad en el contexto electoral para contener un problema de seguridad que no quieren mezclado con las elecciones".
Información: El siglo de Torreón
Fotografía: Redes
