Los dos principales organismos cúpula de la Iniciativa Privada (IP) nacional exigieron ayer al gobierno en su conjunto poner cuanto antes un alto a la creciente ola de crimen y violencia en el país.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó aplicación de la ley sin excepción ante los "inaceptables niveles de inseguridad e impunidad" que se registran en el país, y que ya derivaron en el cierre de centros de distribución de importantes empresas como Coca Cola-Femsa y Lala, así como de la Mina Dolores.

"Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno. Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia", dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.

Aseveró que "los altos niveles de violencia" que se registran en México generan un mal ambiente para la inversión, obstaculizan la actividad productiva, además de cierre de empresas y reducción de las posibilidades a tener una economía próspera.

"La impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas son inaceptables", dijo Castañón.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al gobierno federal que se dé inicio a la reforma en seguridad pública, "lo más pronto posible", debido a que "la violencia y el crimen han llegado a niveles nunca antes vistos. (...) No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019".

A través de un comunicado titulado "Última llamada", Coparmex señaló que se requiere de una serie de acciones: prevención del crimen, profesionalización de la policía, considerar acciones de procuración de justicia, mejorar y actualizar las leyes penales, así como el sistema penal.

"El gobierno en turno tiene que trabajar hasta el último día de su administración por atender, revertir y solucionar este gravísimo problema", agregó el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

Información:El Siglo de Torreón                                                                                                                                              Fotografía: Redes