Un juez federal en San Francisco, California, bloqueó las nuevas reglas establecidas por el presidente estadunidense Donald Trump, que limitan la capacidad de los migrantes para solicitar asilo, informaron autoridades judiciales.
El juez federal de distrito Jon Tigar dictaminó que la nueva política de la administración de limitar el asilo a los migrantes que ingresan ilegalmente al país infringe la ley de EU.
El Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, "por un puerto designado de llegada", puede solicitar asilo.
El pasado 9 de noviembre, Trump intentó anular esa ley, firmando una proclamación presidencial que ponía fin a la capacidad de los migrantes para solicitar asilo si ingresaban ilegalmente al país.
"La norma que prohíbe el asilo para los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada entra en conflicto irreconciliablemente con el INA y la intención expresada por el Congreso", escribió Tigar, quien fue designado por el expresidente Barack Obama.
Trump "no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente", puntualizó el juez.
El magistrado de San Francisco, Jon Tigar, decidió suspender el mandato de la Casa Blanca con una orden de restricción temporal de la regulación del asilo que ha entrado en vigor de inmediato y que se extenderá al menos hasta el próximo 19 de diciembre, según medios locales.
Para esa fecha el juez convocó a una audiencia para estudiar si se emite una orden judicial más duradera.
El decreto firmado por Trump el viernes 9 rechazaba automáticamente (al menos durante 90 días) las demandas de asilo realizadas por inmigrantes que hubieran cruzado de forma ilegal la frontera con México, una medida que fue llevada a los tribunales por las organizaciones de defensa de los derechos civiles.
En una declaración conjunta el martes, los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia dijeron que era "absurdo" que una serie de grupos de defensa pudieran demandar al gobierno federal para detener la política de asilo.
La demanda fue presentada por la ACLU en nombre de cuatro grupos que ayudan a los inmigrantes.
La declaración no anunció una apelación, pero dejó en claro que la administración luchará contra el fallo de Tigar en el tribunal.
"Esperamos continuar defendiendo el ejercicio legítimo y razonado del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur", escribieron la portavoz de Seguridad Nacional Katie Waldman y el portavoz de Justicia Steven Stafford.
A medida que avanza ese proceso legal, el fallo podría tener un impacto inmediato en los miembros de la caravana de migrantes que se están reuniendo actualmente en Tijuana para intentar ingresar a Estados Unidos.
El asilo es una forma de protección otorgada a las personas que temen la persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular o su opinión política.
De 2000 a 2016 Estados Unidos concedió asilo a un promedio de 26,651 extranjeros por año, según datos del Departamento de Seguridad Nacional.
El número de solicitudes de asilo se ha disparado en los últimos años, de 5 mil en 2008 a 97 mil en 2018, impulsado principalmente por los centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
Defiende las restricciones
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer las restricciones al asilo en la frontera con México, después de que un juez federal bloqueara temporalmente esas limitaciones al considerar, de forma preventiva, que son ilegales.
“Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional (el asilo) no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración con base en el interés nacional”, aseguró en un comunicado la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Katie Waldman.
Las autoridades del país se han referido en reiteradas ocasiones a la concesión de asilo como una prestación que puede elegir si ofrecer o no.
“Estamos deseando -prosiguióWaldman-, continuar defendiendo el legítimo y razonado ejercicio de la autoridad del Ejecutivo para tratar la crisis en la frontera sur”.
Las leyes nacionales especifican que cualquier persona que pise suelo estadounidense tiene el derecho a solicitar asilo y a que su caso se estudie, algo que ahora el Gobierno quiere limitar en la frontera con México únicamente a quienes acceden por los puertos de acceso autorizados.
Se prevé que la Administración recurra el bloqueo judicial ante una corte superior.
Celebran el bloqueo
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) celebró ayer la decisión judicial que bloquea la nueva normativa del Gobierno que impide solicitar asilo a quien ha cruzado la frontera ilegalmente.
“Esta prohibición es ilegal y pondría en peligro la vida de personas. Bloquearla es un paso fundamental a la hora de luchar contra los ataques de la Administración hacía quienes buscan asilo”, señaló la oficina de ACLU en San Diego en un mensaje divulgado en su cuenta oficial de Twitter.
La reacción de esta organización no gubernamental se produce después de que este lunes el magistrado del distrito de San Francisco Jon Tiger emitiera con carácter inmediato una orden de restricción temporal de la regulación del asilo que se extenderá al menos hasta el próximo 19 de diciembre.
Información: El Siglo de Torreón
Fotografía: Redes
