En México existe disparidad respecto al capital de origen de las empresas dedicadas a la exploración del subsuelo, pues sólo ocho por ciento de ellas son mexicanas, afirmó Aleida Hernández Cervantes, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.

Esa situación afecta de manera primordial a pueblos y territorios indígenas, por lo que es importante conceptualizar y sistematizar las estructuras jurídicas del despojo. También, analizar actores económicos y sociales de la actual fase de acumulación por desposesión, como las empresas transnacionales, los organismos económicos internacionales, los Estados nacionales las organizaciones sociales y los pueblos.

De las 476 compañías establecidas en el país para realizar dicha actividad, 437 son de capital extranjero: 336 de inversión canadiense y 44 estadounidense, según datos del Anuario de Actividades Extractivas de 2018, de la asociación civil FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.

Además, los proyectos mineros en nuestro territorio pasaron de 667 en 2010, a mil 531, en 2018, es decir, más del doble en ocho años, señaló la universitaria.

En la presentación del seminario internacional “Derecho, despojo y luchas sociales”, indicó que existen 312 proyectos en operación vinculados a rubros como transporte, electricidad e hidrocarburos. Por ejemplo, hay 21 parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, operados por empresas como Iberdrola, Peñoles, Eólica de Francia y Gamesa.