El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha urgido al Congreso a declarar un estado de calamidad pública debido a las catastróficas lluvias e inundaciones que han golpeado al estado de Rio Grande do Sul, en el extremo sur de Brasil.

Los desastres climáticos han cobrado la vida de al menos 85 personas y han dejado a más de 130 desaparecidas, junto con cerca de 150,000 desplazados en las casi 500 ciudades afectadas, según informaron las autoridades estatales de defensa civil.

Las graves inundaciones han provocado la destrucción de infraestructuras vitales, como carreteras y puentes, y han desencadenado deslizamientos de tierra, dejando una estela de devastación a su paso.

El presidente Lula busca la declaración de calamidad pública, lo que permitiría al gobierno gastar fondos adicionales sin estar restringido por las reglas fiscales establecidas el año anterior. Además, los gastos y exenciones fiscales relacionados con la recuperación del estado no impactarían en el resultado fiscal del Gobierno.

"Aún no tenemos una estimación de lo que será necesario", declaró la ministra de Planificación, Simone Tebet, señalando la incertidumbre sobre la magnitud total de los daños hasta que las aguas retrocedan.

Mientras tanto, los pronósticos meteorológicos advierten que, aunque las condiciones han mejorado temporalmente, se esperan más lluvias durante la semana, con un posible aumento nuevamente entre el 10 y el 15 de mayo, lo que podría prolongar las condiciones de emergencia en algunas áreas.

El gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ha advertido que el número de víctimas mortales podría aumentar significativamente a medida que los equipos de rescate accedan a regiones aún inaccesibles.

Las consecuencias económicas también son considerables, con numerosas empresas afectadas, incluidas diez plantas de carne de cerdo o aves de corral paralizadas total o parcialmente. Además, la producción y distribución de combustibles se ha visto afectada, lo que llevó a la reducción temporal de mandatos de mezcla de biocombustibles por parte del regulador petrolero ANP.

Por último, el Aeropuerto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, uno de los más concurridos de Brasil, ha suspendido sus operaciones indefinidamente, exacerbando aún más la situación en la región.