La seguridad personal de Tom Homan, actual “zar fronterizo” designado por el presidente Donald Trump, está generando críticas y preocupación dentro y fuera del gobierno estadounidense. Un informe de CBS News reveló que el operativo destinado a proteger al funcionario podría costar hasta 12 millones de dólares anuales, una cifra que ha encendido las alarmas incluso entre aliados del expresidente.
El despliegue incluye a unos 30 agentes especiales del área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), quienes ofrecen vigilancia las 24 horas en su domicilio, acompañamiento en traslados oficiales y presencia en eventos públicos. Sólo en salarios, sin contar gastos de viaje, vuelos ni hospedaje, el esquema de protección ya ha superado los 500 mil dólares.
¿Seguridad o exceso?
Voces dentro de la propia administración han comenzado a cuestionar la necesidad de un despliegue tan amplio. Tres fuentes bajo condición de anonimato calificaron el operativo como “extravagante”, mientras un alto funcionario afirmó que “se están robando recursos a otros líderes superiores, incluidos miembros del gabinete”.
Actualmente, Homan se moviliza en ocasiones en una caravana de cuatro vehículos, más del doble del estándar de seguridad para secretarios del gabinete federal.
DHS defiende el gasto
Ante las críticas, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió el operativo: “El DHS garantiza que nuestros líderes estén seguros y protegidos”, argumentó. Justificó el gasto por el aumento de amenazas y “retórica peligrosa” contra Homan, especialmente por sus declaraciones en medios conservadores y su postura firme contra la inmigración ilegal.
Homan ha sido una figura clave en la narrativa migratoria de Trump. En entrevistas recientes, declaró que vive bajo amenaza constante: “Tengo policías estatales cerca de mi casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, debido a las amenazas de muerte”, dijo en Fox & Friends.
Precedentes y contraste presupuestal
Si bien el uso de fondos públicos para proteger a exfuncionarios no es nuevo —durante el gobierno de Biden se asignaron 12 millones anuales para proteger a John Bolton y Robert O’Brien—, el caso de Homan contrasta con el discurso de austeridad que promueve Trump. Su administración ha impulsado recortes fiscales, al tiempo que solicita un aumento de 65 millones de dólares para el presupuesto del DHS.
Fuentes cercanas a la administración confirmaron que durante el mandato de Biden, la campaña de Trump solicitó sin éxito mantener la protección federal a Homan, lo que añade un componente político al debate.
Con las elecciones en puerta y los focos sobre el gasto público más encendidos que nunca, el futuro del costoso esquema de seguridad de Homan podría convertirse en un nuevo campo de batalla en la arena política estadounidense.
