El gobierno del expresidente Donald Trump desplegó este domingo a 2,000 elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, como respuesta a una serie de protestas recientes en la ciudad. El movimiento, confirmado por el Comando Norte a las 11:00 de la mañana, ha desatado una intensa polémica entre autoridades locales y federales.

La noche anterior, Trump ya había anticipado el despliegue a través de su red Truth Social, agradeciendo a la Guardia Nacional incluso antes de que llegaran al terreno.

Durante una entrevista con NBC News, Tom Homan, apodado el “zar de la frontera” y actual asesor en temas migratorios del expresidente, justificó el operativo y advirtió que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, podrían enfrentar arrestos si interfieren con las órdenes federales.

“Es un delito grave resguardar y ocultar a sabiendas a un inmigrante ilegal. Es un delito grave impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, declaró Homan.

La advertencia de Homan ha encendido las alarmas en la administración californiana. El gobernador Newsom calificó el despliegue como un “espectáculo” y acusó a la Casa Blanca de “sembrar caos” con medidas que considera provocadoras. En tanto, la alcaldesa Bass señaló que la presencia militar era innecesaria, describiéndola como una “pose política” en medio de una ciudad que ya ha lidiado con incendios forestales y otras emergencias este año.

“Esto es completamente perturbador para una ciudad que ya ha sufrido tanto”, expresó Bass al Los Angeles Times.

Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus redadas en diversos puntos de la ciudad. De acuerdo con Homan, alrededor de 150 inmigrantes en situación irregular han sido detenidos en los últimos dos días, aunque no se ha detallado cuántos de ellos tienen antecedentes penales o están bajo orden de deportación.

El operativo federal no tiene una fecha de finalización anunciada. Las autoridades locales han pedido moderación y reiteraron su respaldo a las protestas pacíficas, mientras la tensión entre el gobierno federal y los líderes californianos continúa en aumento.

Este episodio revive viejas fricciones entre California y la administración Trump, particularmente en temas de migración, soberanía estatal y el uso del aparato militar en contextos civiles.