Aunque se han tomado medidas para evitar la discriminación racial, presente en todos los países, esta problemática sigue latente. México cuenta con mecanismos legales que la prohíben y castigan, pero la ley ha sido laxa.

Las razones: la falta de una cultura ciudadana de la denuncia para evidenciar estos actos, y la incapacidad de las autoridades para acreditar la queja como delito, pues se persigue por querella, no por oficio, afirmó Francisco Javier Galicia Campos, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

El penalista indicó que en nuestro país el artículo primero constitucional establece el derecho fundamental a la no discriminación, y obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar si se presenta; y gracias a la exigencia social, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.