Aprueban reformas para fortalecer seguridad jurídica en el Estado

Aprueban reformas para fortalecer seguridad jurídica en el Estado Aprueban reformas para fortalecer seguridad jurídica en el Estado.

En un esfuerzo por fortalecer los mecanismos de seguridad jurídica y proteger el derecho a la propiedad, las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública, así como de Legislación del Congreso del Estado, han aprobado reformas al Código Civil y a la Ley de Notariado del Estado.

Javier Caballero Gaona, Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, destacó que estas reformas mantienen el espíritu de las anteriores, aprobadas en diciembre y publicadas en enero de este año.

"Se establece la obligación de que los notarios cuenten con al menos un sistema de validación de documentos de identidad en biométricos", señaló el Diputado priísta, enfatizando la importancia de la modernización en los procesos notariales.

La implementación del documento con Código QR permitirá establecer todos los datos de los notarios y los lineamientos para validar la identidad de los comparecientes, especialmente en casos de extranjeros, agregó Caballero Gaona durante una entrevista.

Para asegurar una transición efectiva, se han fijado plazos para la incorporación del Código QR Notarial (180 días) y la implementación del uso de datos biométricos (90 días), permitiendo así que los notarios adquieran el equipo necesario y se adapten a las nuevas disposiciones.

Estas modificaciones representan una segunda generación de reformas, dando continuidad y fortalecimiento a las ya aprobadas anteriormente. Además, resaltó la colaboración con diversas instituciones como Notarios, Secretaría General de Gobierno y Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Entre las reformas importantes, se incluye la facultad al Colegio de Notarios para celebrar convenios con autoridades proveedoras de datos biométricos, a fin de acceder a ellos y mejorar sus procedimientos.

Para que estas modificaciones entren en vigor, deberán ser aprobadas en definitiva por el pleno del Congreso, consolidando así un marco legal que promueva la seguridad jurídica en el Estado.