El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos formales contra cuatro ciudadanos mexicanos por su presunta participación en una red de tráfico de personas que operaba en la frontera norte del país, utilizando puntos vulnerables en la frontera con Canadá.

Los acusados han sido identificados como Edgar (23 años), Ignacio (35), Samuel (26) y Salvador (32), quienes enfrentan alrededor de 35 cargos, incluidos conspiración para introducir ilegalmente a extranjeros en territorio estadounidense. Dos de ellos ya habían sido deportados previamente, lo que agrava su situación legal.

Según la acusación federal, los detenidos pertenecían a una organización de tráfico humano que trasladaba a migrantes desde distintos países de América Latina hasta el norte del estado de Nueva York, en particular a los condados de Franklin y Clinton, desde donde intentaban ingresar a Estados Unidos por la frontera con Canadá.

“Como se alega, estos acusados ingresaron ilegalmente a este país y luego intentaron contrabandear a cientos de extranjeros cada semana”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del DOJ.

La investigación también reveló que los integrantes de la red instruían a los migrantes a grabar videos testimoniales promocionando sus servicios, lo que los exponía a situaciones peligrosas. Uno de los incidentes más alarmantes ocurrió en abril de 2023, cuando un grupo vinculado a los acusados activó una alarma fronteriza en Burke, Nueva York, lo que derivó en una persecución y la captura de un traficante y siete migrantes, incluyendo tres menores de edad.

En otro caso, un vehículo que transportaba migrantes se estrelló en Plattsburgh, Nueva York, durante una fuga. Aunque intentaron escapar a pie, todos los ocupantes fueron detenidos por las autoridades.

Las detenciones forman parte de la Operación “Recuperemos América”, un esfuerzo federal encabezado por la Casa Blanca para desarticular redes de tráfico de personas y frenar la inmigración irregular. Los arrestos se realizaron en diferentes estados, incluyendo Ohio, Georgia y Kansas.

Las investigaciones continúan, y el gobierno estadounidense no descarta más detenciones relacionadas con esta red.