La noche del domingo, agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Ruth López, abogada y activista de derechos humanos, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal. Su arresto, ocurrido en su domicilio alrededor de las 11 p.m., ha generado una oleada de críticas a nivel nacional e internacional, siendo calificado por su organización como “una escalada en la represión de las voces críticas” hacia el gobierno de Nayib Bukele.

La Fiscalía General de la República anunció que López enfrenta cargos por presunto peculado, en relación con hechos supuestamente ocurridos durante su etapa como asesora del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, también arrestado en febrero. Sin embargo, hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Presidencia han ofrecido detalles claros sobre la base de la acusación.

En una grabación obtenida por El Diario de Hoy, se escucha a López decir:
“Aquí la única razón de la detención es que soy defensora de derechos humanos y trabajo en una ONG incómoda al gobierno.”

Horas después de su arresto, el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, denunció que ni su equipo legal ni su familia conocían su paradero, advirtiendo una posible “desaparición forzada de corta duración”. La organización exigió respeto al debido proceso y la integridad física de su colaboradora.

La detención ha sido condenada por varios organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno salvadoreño garantizar sus derechos y revelar su ubicación. Por su parte, Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron el arresto como un atentado contra la libertad de expresión y exigieron su liberación inmediata.

“No es un incidente aislado, sino parte de una peligrosa escalada para silenciar la disidencia”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

El arresto de López ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento del control gubernamental sobre la sociedad civil. La semana pasada, el presidente Bukele propuso una nueva “ley de agentes extranjeros”, que permitiría al Estado retener el 30% de los fondos que reciban las ONGs desde el exterior. A esto se suma la reciente detención del activista Alejandro Henríquez, del Foro del Agua, y la salida forzada del país de tres periodistas del medio El Faro, tras denunciar órdenes de captura en su contra.

Ruth López, nacida en San Salvador en 1977, ha sido una voz destacada en temas de justicia, transparencia y derechos humanos. Graduada con honores en Ciencias Jurídicas en La Habana, ha trabajado en el TSE y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y desde Cristosal ha liderado investigaciones clave sobre el uso de software espía contra periodistas y contratos irregulares durante la pandemia.

En una entrevista concedida en marzo a Alharaca, expresó: “Desde la perspectiva del poder, es mejor que la gente no sepa, porque en la medida que la gente no sabe, ejerce menos sus derechos.”

A la espera de una respuesta oficial del gobierno, su detención ya ha pasado a ser símbolo de lo que diversos sectores ven como un preocupante retroceso democrático en El Salvador.