La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó este lunes un dictamen que tipifica como delito los “pinchazos” —la administración oculta o forzada de sustancias a una persona— en espacios públicos como el transporte y eventos masivos, en respuesta al incremento de esta forma de violencia en la capital.

Con 11 votos a favor y una abstención (del diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres), se avalaron modificaciones al Código Penal local para sancionar a quienes, sin consentimiento, introduzcan o suministren sustancias de manera subrepticia, ya sea por vía oral, intravenosa, dérmica u otros métodos, como alimentos, bebidas o inyecciones.

El dictamen establece penas de 2 a 5 años de prisión y multas de 50 a 300 días, con agravantes si el acto ocurre en transporte público, espectáculos masivos, o si busca facilitar delitos como abuso sexual, trata, robo o feminicidio.

Las sanciones se agravarán aún más si:
    •    Se utiliza una sustancia psicoactiva o tóxica
    •    La víctima es menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad
    •    Se pone en riesgo la vida o salud de la víctima
    •    Se afecta a dos o más personas en el mismo acto

El presidente de la Comisión, Alberto Martínez Urincho (Morena), explicó que hasta ahora no existía un tipo penal específico para estas agresiones, lo cual dificultaba su persecución legal.

“Es indispensable contar con un tipo penal autónomo… La falta de regulación específica limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas”, señaló.

El dictamen integra observaciones del PAN y el PVEM, y fue elaborado tras recibir la iniciativa enviada hace apenas diez días por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada.

Cabe destacar que se eliminó la propuesta de que el delito se persiguiera de oficio, por lo que ahora será necesario que se presente una denuncia formal para iniciar la investigación.

La iniciativa podría ser discutida en el pleno este mismo martes, lo que representa un paso importante en la protección de la autonomía corporal y la seguridad en espacios públicos de la Ciudad de México.