El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este viernes que el cómputo oficial de votos de las elecciones judiciales del próximo 1 de junio podría extenderse hasta por 10 días, como parte de un proceso inédito en la historia electoral del país.
A través de un comunicado, el INE detalló que el Sistema de Cómputos Distritales iniciará labores inmediatamente después del cierre de casillas, a fin de garantizar un conteo íntegro, transparente y verificable. Hasta ahora, dicho conteo comenzaba tres días después de la jornada electoral y solo ofrecía resultados preliminares.
En esta ocasión, el conteo se realizará del 1 al 10 de junio, con el uso de una herramienta informática auditada por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Órgano Interno de Control del Instituto.
El organismo electoral precisó que los resultados publicados durante esos días serán definitivos, pero no anunciarán de inmediato a los ganadores de las candidaturas, ya que primero se deberá revisar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, entre ellos:
• La paridad de género
• El principio “8 de 8 contra la violencia de género”
• La vigencia de los derechos políticos y electorales de los aspirantes
Debido a lo inédito y complejo del proceso, el escrutinio se realizará directamente en los Consejos Distritales, con la participación activa de consejeras y consejeros ciudadanos, funcionarios de casilla y observadores electorales.
El próximo domingo 1 de junio, cerca de 100 millones de ciudadanos mexicanos están convocados para emitir su voto en una elección sin precedentes, que contempla 881 cargos judiciales distribuidos en seis boletas. Entre ellos:
• 9 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
• Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ)
• Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
• Magistraturas de Circuito y jueces de Distrito
El INE informó que el cómputo de los votos se atenderá en este orden y deberá estar concluido a más tardar el 10 de junio. Con esta medida, se busca dar certeza jurídica y confianza al electorado en un proceso considerado histórico para la democracia mexicana.