La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificó este lunes como un “proceso ejemplar” la primera elección judicial directa en la historia de México, celebrada el pasado domingo 1 de junio, a pesar de que la participación ciudadana apenas alcanzó el 13% del padrón.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Rodríguez destacó que esta inédita jornada representa un “avance importante para la democracia mexicana”, al permitir que por primera vez la ciudadanía eligiera directamente a integrantes del Poder Judicial, tanto a nivel federal como local.

“Queremos reconocer a la ciudadanía por su participación histórica que hizo de este inédito proceso un avance importante”, expresó la funcionaria.

En total, se eligieron 881 cargos del Poder Judicial Federal y 1,081 puestos en poderes judiciales estatales. La titular de Segob resaltó que este ejercicio involucró a una ciudadanía “que se interesó, se puso a estudiar e hizo un ejercicio de revisión, con conocimiento y conciencia”.

Rodríguez también subrayó que la iniciativa responde a una demanda popular:

“Fue la misma población quien demandó esta reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción de ese órgano”.

Pese a la baja afluencia a las urnas, la funcionaria consideró que se cumplieron las expectativas y que el proceso envía un mensaje contundente al mundo:

“La justicia también es un asunto del pueblo, porque como ha dicho la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo que queremos es que todas y todos tengamos el mismo acceso a la justicia”.

Críticas al proceso

Aunque la jornada se desarrolló de manera “ordenada” y sin incidentes mayores, según el Instituto Nacional Electoral, el proceso ha sido cuestionado por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalaron preocupaciones en torno a la falta de información entre los votantes, la complejidad de las boletas y el riesgo de infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que la politización del sistema judicial podría socavar la independencia judicial, un pilar fundamental de la democracia.

Aun así, el gobierno federal mantiene su postura de que este proceso representa un parteaguas en la relación entre la ciudadanía y la administración de justicia en México.