El presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, fue asesinado a balazos la noche del jueves 5 de junio al llegar a su domicilio en la colonia Centro de dicho municipio. El crimen fue confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y reportado por medios nacionales como el diario Reforma.
De acuerdo con los primeros informes, el alcalde, también conocido como “Chavo Bastida”, fue atacado poco antes de la medianoche mientras descendía de su camioneta. En el atentado también fue asesinado su escolta, el policía Pastor Cortez Álvarez, integrante de la Guardia Civil.
El edil fue trasladado aún con vida al hospital María Zendejas, donde más tarde se confirmó su fallecimiento debido a las heridas de bala.
Ataque directo
El atentado ocurrió en la calle Fuerte de Loreto, cuando el alcalde regresaba a su hogar a bordo de una camioneta doble cabina. Fue entonces interceptado por sujetos armados que abrieron fuego directamente contra él y su escolta. Pastor Cortez murió en el lugar.
“La FGE emprendió los actos de investigación correspondientes que permitan el pronto esclarecimiento de los hechos”, informó la dependencia, añadiendo que el cuerpo del alcalde fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.
Reacción oficial y antecedentes
El Ayuntamiento de Tacámbaro lamentó el asesinato a través de un comunicado oficial, en el que expresó:
“Nuestra comunidad ha sufrido una gran pérdida con el fallecimiento de nuestro querido alcalde Salvador Bastida García y su escolta Pastor Cortez Álvarez. Este trágico suceso nos deja en un estado de tristeza y reflexión.”
El gobierno local también destacó que Tacámbaro ha sido históricamente un municipio tranquilo y pidió a la ciudadanía mantener la calma y la solidaridad ante los hechos.
Sin embargo, el caso ha generado atención nacional, ya que en noviembre de 2024 la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado que involucraba a funcionarios del Ayuntamiento, incluido el propio Salvador Bastida.
Dicha investigación incluía también a Edgar Flores Silva (director de Seguridad Pública), Gabriel Villaseñor (subdirector) y Raudel Campos (tesorero), quien renunció en noviembre tras ser señalado por su presunta participación en un caso de trata de personas en Estados Unidos. Hasta ahora, no se han reportado avances sobre esas pesquisas.
El asesinato del alcalde se suma a una preocupante ola de violencia contra funcionarios públicos en el país, especialmente en el contexto de las elecciones recientes y las tensiones generadas por la inseguridad en algunas regiones de Michoacán.