Un juez federal en Boston emitió este viernes una orden de restricción temporal contra una controvertida medida del gobierno del expresidente Donald Trump, que impedía a la Universidad de Harvard inscribir a estudiantes internacionales. La decisión judicial representa un revés significativo para la administración republicana, en medio de acusaciones de represalias políticas y violaciones constitucionales.

La jueza de distrito Allison Burroughs fue quien bloqueó la disposición impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual afectaba directamente a más de 7 mil estudiantes extranjeros que forman parte del cuerpo estudiantil de la institución académica.

“Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, declaró la universidad en su demanda judicial.

Harvard argumentó que la medida violaba la Primera Enmienda y tendría un “efecto inmediato y devastador” en su operación. La universidad explicó que casi una cuarta parte de su matrícula es internacional, y en escuelas clave como la Kennedy School y la Business School, los porcentajes llegan al 50% y 33%, respectivamente.

Además, destacó que muchos de estos alumnos dirigen laboratorios, imparten clases y participan en investigaciones clave, por lo que su exclusión provocaría un caos académico y jurídico, afectando incluso dos años escolares consecutivos.

El DHS justificó su decisión alegando que Harvard había creado un entorno “inseguro” para estudiantes judíos y acusó a la universidad de tener vínculos con el Partido Comunista Chino y de entrenar a grupos paramilitares hasta el año pasado.

El presidente interino de Harvard, Alan Garber, rechazó de inmediato estas afirmaciones:

“Harvard no cederá en sus principios fundamentales, legalmente protegidos”, aseguró.

Garber recordó que la universidad ha implementado reformas para combatir el antisemitismo y fortalecer su gobernanza institucional.

La controversia comenzó con una carta de la secretaria Kristi Noem, enviada el 16 de abril, en la que exigía registros completos de estudiantes extranjeros, incluyendo su posible participación en protestas. A pesar de que Harvard respondió con miles de datos, el DHS exigió grabaciones de audio y video, calificando la respuesta como “insuficiente”.

En la demanda, Harvard señala que el gobierno hizo acusaciones generalizadas sin sustento, violando incluso sus propias normativas al intentar revocar la certificación que le permite recibir estudiantes internacionales, algo que solo procede ante fallas administrativas graves o pérdida de acreditación.

Este litigio se suma a otra demanda que Harvard sostiene contra la administración Trump por recortes de más de 2 mil millones de dólares en fondos federales.

La disputa refleja cómo las tensiones políticas han alcanzado al ámbito académico, afectando no solo la autonomía universitaria, sino también la presencia internacional en una de las instituciones más prestigiosas del mundo. La batalla legal aún no ha terminado, pero este fallo representa una victoria inicial para la universidad y sus estudiantes extranjeros.